A pesar de que la sexualidad es una dimensión inherente a toda persona, las personas con discapacidad intelectual (DI) han sido históricamente excluidas del discurso sexual, tratadas desde la sobreprotección, el tabú o la negación. Esta actitud ha derivado no solo en la invisibilidad de sus necesidades afectivo-sexuales, sino también en una grave desinformación que incrementa su vulnerabilidad a abusos, prácticas sexuales de riesgo y violencias estructurales

Infantilización, desinformación y exclusión

Muchas personas con discapacidad intelectual crecen sin haber recibido una educación sexual adaptada a sus capacidades cognitivas, y en muchos casos, sin haber tenido espacio para formular sus dudas o explorar sus deseos desde un lugar seguro. La visión dominante tiende a infantilizarlas, negándoles la capacidad de decisión sobre su cuerpo, sus relaciones y sus experiencias sexuales.

Este enfoque no solo es limitante, sino peligroso: la ignorancia y el silencio generan condiciones propicias para el abuso, la coerción y la vulneración de derechos fundamentales. En palabras de Serra (2015), negarles el derecho a decidir sobre su sexualidad equivale a despojarlas de su dignidad como personas.

Riesgos reales: abuso, prácticas forzadas y violencia institucional

Los estudios disponibles son fragmentarios, pero coinciden en señalar que las personas con DI son desproporcionadamente más propensas a sufrir abuso sexual. Couwenhoven (2013) estima que el 83% de las mujeres con DI y el 32% de los hombres con DI han sido víctimas de abuso sexual, muchas veces de forma reiterada. Y, sin embargo, se trata de una realidad poco abordada tanto en las estadísticas como en las políticas públicas.

Además de los abusos, se documentan prácticas intrusivas y forzadas como abortos o esterilizaciones sin consentimiento informado, que suponen una forma de violencia institucional contra las mujeres con DI. A esto se suma el hecho de que la falta de información sobre el propio cuerpo, el consentimiento o las ITS expone a muchas personas con DI a relaciones de riesgo, embarazos no deseados e infecciones.

La desinformación, en este contexto, no es inocua: es un factor que propicia el abuso y perpetúa la exclusión.

El derecho a una sexualidad digna y libre

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) reconoce el derecho de toda persona a tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida afectiva. En este marco, la sexualidad debe ser entendida no solo como una cuestión biológica o educativa, sino como un ámbito de libertad, expresión y bienestar.

La educación sexual adaptada no es opcional: es una herramienta de protección, de empoderamiento y de inclusión. Las intervenciones deben estar adaptadas a las capacidades cognitivas y comunicativas individuales, y contemplar tanto el trabajo con las personas con DI como con sus entornos: familias, cuidadores y profesionales.

Se recomienda implementar una intervención educativa integral sobre salud sexual y afectiva, diseñada de forma inclusiva y adaptada a las capacidades de los participantes. Esta propuesta contribuirá significativamente al bienestar emocional y físico de las personas, al tiempo que ayuda a reducir el estigma y prevenir riesgos asociados a la falta de información. Para lograrlo, es imprescindible abordar temáticas como los cambios corporales y el autoconocimiento, el desarrollo de un vocabulario emocional y sexual adecuado, el acceso a métodos anticonceptivos e información sobre ITS, aborto y disfunciones sexuales. Asimismo, es esencial promover el respeto al deseo, la orientación sexual y el consentimiento, identificar y prevenir la violencia sexual y fomentar relaciones sanas. Incluir la maternidad, paternidad y derechos reproductivos en el diálogo fortalece la autonomía y la toma de decisiones responsables. Esta formación no solo empodera a los individuos, sino que crea entornos más seguros, respetuosos y conscientes.

Además, siempre conviene trabajar en paralelo con los familiares, con el fin de involucrar al entorno en el proceso, reducir resistencias y favorecer la integración de lo aprendido en la vida cotidiana.

Dado que la sexualidad, como dimensión humana compleja, implica tanto beneficios como riesgos que exceden el marco de la discapacidad intelectual (DI), es fundamental que estas realidades se aborden de forma abierta y respetuosa en los entornos familiares. Al tratar estos temas desde la empatía y el conocimiento, las familias pueden convertirse en un espacio seguro donde los participantes reconozcan sus propios deseos, derechos y límites. Esta apertura fortalece la autonomía personal, fomenta relaciones más sanas y previene situaciones de riesgo o desinformación. Al mismo tiempo, permite construir una base afectiva sólida que acompañe el desarrollo integral, sin prejuicios ni estigmas.

Más allá del tabú, hacia la inclusión real

Hablar de sexualidad en el ámbito de la discapacidad intelectual sigue siendo incómodo para muchos sectores. Pero es justamente esa incomodidad la que perpetúa el silencio, el abuso y la exclusión. La sexualidad no es un “extra” en la vida de las personas con DI: es parte de su identidad, su bienestar y sus derechos.

Sin embargo, es posible abordar la sexualidad de forma respetuosa, adaptada y transformadora, desde un enfoque comunitario y psicoeducativo. Informando, reconociendo, acompañando y dotando de agencia a quienes son los auténticos protagonistas de su sexualidad.

Los profesionales de la salud mental tenemos la responsabilidad de cuestionar la infantilización, dar espacio a la voz de las personas con DI y trabajar para garantizar que el placer, la afectividad y la decisión sobre el propio cuerpo no sean privilegios, sino derechos universales.

En la imagen, Maryanne y Tommy Pilling, la pareja inglesa celebró 25 años de casados. Tommy falleció en el 2021 después de dar positivo en COVID-19.